Este documento es preparado por UMAIC con información de la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander, Corporación Scalabrini, NRC, SJR, OCHA, ACNUR, OIM, PMA, y Pastoral Social de Abril - junio 2017.
Se han identificado cerca de 68 asentamientos humanos históricos en Norte de Santander donde ha llegado población migrante proveniente de Venezuela.
Se presentan vacíos en el conocimiento de la ley 1565 de 2012 (Retorno Positivo) para el goce efectivo de derechos de población colombiana retornada.
Dificultad en la documentación para la regularización de familias mixtas y venezolanas.
Pese a la existencia de directrices ministeriales para garantizar el derecho a la educación de niñas y niños venezolanos en Colombia, se continúan presentando dificultades para la formalización de matrículas.
Es evidente el aumento de población venezolana en condición de irregularidad asentada en el departamento, siendo objeto de explotación laboral, desescolarización, e imposibilidad de acceder a derechos fundamentales como salud y educación.
En los últimos meses se ha profundizado la difícil situación humanitaria de la población migrante proveniente de Venezuela, asentada en el departamento Norte de Santander (Colombia) debido al limitado acceso a derechos y medios de vida. La Defensoría y organizaciones humanitarias en seguimiento permanente a la dinámica fronteriza, han identificado que población migrante (colombianos retornados/venezolanos) se ha asentado en cerca de 68 asentamientos humanos históricos en el departamento. Sólo en la ciudad de Cúcuta, existen 36 de estos, a los que continúan llegando diariamente familias colombianas, mixtas y venezolanas, en una dinámica gota a gota.
Como consecuencia del limitado acceso de alimentos en cantidad, calidad y diversificación, se está generando un riesgo de desnutrición en la población migrante, especialmente niños, niñas y adultos mayores. Las familias no cuentan con empleos o actividades económicas formales que les permita contar con ingresos de forma periódica y regular. Una parte de ellos se dedican a trabajos informales de (ventas en los semáforos y ventas ambulantes), y trabajos esporádicos sin garantías salariales, ni prestacionales.
En los procesos de reconfiguración de sus entornos, si bien la afectación es a nivel general, son principalmente las mujeres y las niñas que se ven involucradas y expuestas a situaciones de peligro, tales como: la separación parcial, o completa de núcleos familiares, cambio de condiciones y de roles, y vacíos de atención social y exposición a violencia. Se resalta la existencia de infecciones de transmisión sexual y otras afectaciones vitales, patologías a las que son de mayor exposición la población migrante por las precarias condiciones de habitabilidad, saneamiento básico y nutricional. Igualmente, son significativos los casos de mujeres gestantes y lactantes en búsqueda de asistencia médica (controles pre-natales y procedimientos para el nacimiento). La atención en salud a población venezolana es para el servicio de urgencias y post urgencias.
En cuanto a la población infantil migrante, debido a que persisten dificultades para regularizar su estadía en el país, su derecho a la educación también se ve limitado. La Defensoría del Pueblo, ha procedido a socializar la circular 17 de la Secretaría de Educación Departamental, identificando que, aunque se permite la asistencia de niñas y niños venezolanos a clases, no pueden ser registrados en la plataforma de Migración Colombia ya que no cuentan con visa. De igual forma, no pueden ser incluidos en la plataforma Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT) del Ministerio de Educación al no contar con la documentación necesaria y en el caso de los niños que han logrado nacionalizarse tampoco han podido ser registrados, porque el sistema no permite incluir un lugar de nacimiento que esté fuera del territorio nacional.
Situación que redunda en que los niños y niñas pierdan interés por la escuela -único entorno protector fuera del hogaraspecto que los hace más vulnerables al reclutamiento y la utilización en el marco del conflicto armado; inserción en el contrabando de gasolina, raspa de coca o trabajar en los llamados “laboratorios” para su transformación y otras actividades ilícitas.
En 7 veredas del Corregimiento de la Gabarra del municipio de Tibú, la Defensoría del Pueblo ha identificado 66 niños venezolanos, hijos de colombianos miembros de familias que han retornado después de sus salida en 1999 por la incursión paramilitar en la zona, que no han podido acceder a la nacionalidad, porque la Registraduría municipal de Tibú ha negado realizar dicho procedimiento, al no contar con los documentos apostillados, desconociendo la Circular No. 064 de 2017, pese a las jornadas de socialización con todos los registradores del departamento.