En el transcurso del 2017, cerca de 50.000 ciudadanos venezolanos han solicitado asilo.
GINEBRA, Suiza, 14 de julio de 2017 (ACNUR) - A causa de la situación en Venezuela, el número de solicitudes de asilo de ciudadanos de este país se ha disparado. Mientras que el año pasado se registraron cerca de 27.000 solicitantes de asilo venezolanos en todo el mundo, en lo que va de 2017, cerca de 50.000 han solicitado asilo.
Los principales países de destino para los solicitantes de asilo venezolanos este año han sido los Estados Unidos (18.300), Brasil (12.960), Perú (4.453), España (4.300), y México (1.044). Aruba, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Ecuador y Trinidad y Tobago también han recibido en 2017 solicitudes de asilo de venezolanos.
Estas cifras representan solo una pequeña parte del total de venezolanos que podrían necesitar protección internacional, dado que muchos no se registran como solicitantes de asilo, a pesar de que indican haber huido de la violencia y la inseguridad, así como a causa de la imposibilidad de satisfacer sus necesidades diarias de subsistencia.
Gracias a la larga tradición de solidaridad en Latinoamérica, los ciudadanos venezolanos en países vecinos podrían beneficiarse de diversas formas de residencia temporal en ellos. Sin embargo, debido a trabas burocráticas, largos periodos de espera y al elevado coste de las tasas de solicitud, muchos venezolanos optan por permanecer en situación irregular en lugar de recurrir a procedimientos de asilo o migratorios para regularizar su estancia.
Se estima que de los 300.000 venezolanos en Colombia, los 40.000 en Trinidad y Tobago y los 30.000 en Brasil, muchos podrían encontrarse en esta situación. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está trabajando con las autoridades de estos países para reforzar el registro y la identificación de perfiles, la capacidad de acogida y la provisión de ayuda humanitaria básica para solicitantes de asilo con necesidades específicas. Ante el alto número de llegadas, los tres países han puesto en marcha planes de respuesta. Las autoridades colombianas y brasileñas están coordinando sus respuestas y debatiendo un enfoque armonizado.
La protección internacional, consideraciones de seguridad física, falta de documentación, violencia sexual y de género, abusos y explotación, y la falta de acceso a los derechos y servicios básicos son algunos de los desafíos más importantes que se plantean en los países vecinos ante las numerosas llegadas de personas de Venezuela. En algunas áreas, grupos armados y bandas criminales explotan a los venezolanos recién llegados y a la población local.
A ACNUR también le preocupa que los grupos indígenas que viven a lo largo de la frontera de Venezuela con Brasil y Colombia se estén viendo cada vez más afectados por la situación y hayan tenido que huir de sus territorios de origen. Es necesaria una particular atención a los derechos de estas comunidades así como una respuesta humanitaria y de protección diferenciada y específica.
Considerando la evolución de la situación en Venezuela, es muy probable que la gente continue saliendo del país y ACNUR está reforzando su respuesta en este sentido. En Colombia, ACNUR ha llevado a cabo entrevistas entre las personas llegadas de Venezuela para establecer las necesidades de protección y ha reforzado su presencia en áreas de la frontera, así como su capacidad para la provisión de ayuda humanitaria básica, incluyendo ayudas económicas en efectivo multifuncionales para solicitantes de asilo venezolanos con necesidades específicas.
En Brasil, a través de un socio local, ACNUR provee los fondos para algunas actividades que llevan a cabo organizaciones civiles en Boa Vista, Pacaraima y Manaos. La Policía Federal, con el apoyo de ACNUR, ha desplegado efectivos adicionales en el Estado de Roraima para asistir con el registro de las solicitudes de asilo. En Trinidad y Tobago, ACNUR está ayudando al gobierno a asumir progresivamente la responsabilidad del registro, la expedición de documentación y la determinación de la condición de refugiado.
ACNUR reitera su llamamiento a los Estados para que protejan los derechos de los venezolanos, particularmente el derecho a solicitar asilo y el acceso a procedimientos de asilo justos y efectivos. El acceso efectivo a la protección requiere la adopción de medidas para facilitar la documentación, el acceso a servicios básicos y a oportunidades de medios de vida. Al mismo tiempo, aquellos venezolanos que no desean solicitar asilo o cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas deberían recibir ayuda para regularizar su situación a través de vías alternativas. No se deben llevar a cabo retornos no voluntarios a Venezuela.